Por: Hernando Urrutia
Que hay que tumbarlo que hay que demolerlo que se va a caer, que se está cayendo, que representa un peligro para la sociedad, que es patrimonio cultural, que se puede reemplazar y tanta cosas se han dicho del edificio central visto desde fotos, videos y carrera décima pasando la calle primera, simbolizando lo que por muchas décadas representó un hospital para los pobres, no solo de la ciudad sino del país.
Fotografía de periodismopublico.com
Y es que visto con detenimiento es un apetitoso botín que va desde la carrera décima hasta la avenida Caracas con avenida calle primera en un lugar anteriormente en los extramuros de la ciudad pero ya situado centralmente debido al crecimiento mismo de la capital.
Un poco de historia nos la cuenta el médico Jorge Arango, curtido activista en la defensa del “San Juan de Todos como ha sido bautizado”. Desde su fundación el 1° de enero de 1739 por orden del rey Felipe, es decir, por iniciativa de la misma Corona, tuvo la connotación de ser un hospital público para los pobres, “no importaba si tenía o no dinero” como lo dice en un artículo del libro las 61 mentiras del alcalde Peñalosa.
Si nos situamos enfrente, encontramos un amplio terreno con 24 edificios comandados por uno de nueve pisos que durante mucho tiempo sirvió de base investigativa bajo la tutela de la Universidad Nacional con equipos de alta tecnología en donde se formaron generaciones de galenos, orgullo de la atención en salud. A partir de 1999 sus instalaciones quedaron abandonadas, sus trabajadores en el limbo social y grandes sectores poblacionales a la deriva laboral. Declarado en quiebra después de ser el propietario de grandes terrenos donados principalmente por un rico local llamado JJ Vargas, que abarcaba todo lo que es El Salitre y que por una jugada de las que se hacen en Colombia, se privatizó en el gobierno de Julio Cesar Turbay (1979) quien hizo fiestas con la plata ganada a costillas de la institución, según aseguran expertos en el tema con una figura rarísima consistente en ser una fundación privada conformada por entidades públicas, refundida en la historia del absurdo, del saqueo y de la indefinición en cuanto quién era el dueño: la Gobernación de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca, la Iglesia, situación que salió a flote cuando el, en ese momento, alcalde de Bogotá, Gustavo Petro planteó la posibilidad de expropiarlo porque no aparecía doliente, cosa que mágicamente hizo aparecer con quien negociar.
¿Cuál era la intención de Petro? convertir todo ese complejo en un hospital de cuarto nivel, con todo lo que implica ese tipo de atención, algo así como tener la infraestructura y el personal capaz de brindar servicios médicos quirúrgicos en hospitalización o ambulatoria a las personas afectadas de patologías complejas que requieren cuidados especializados sofisticados.
Pero entonces uno se pregunta ¿cuál es el problema? y surge la respuesta: el Hospital San Juan de Dios está amparado por la ley 735 que le da autonomía e independencia para su propia administración y tiene la mala fortuna de estar dentro de los planes privatizadores que abarcan una buena parte de ese sector dentro del cual se encuentra el hospital, pero con la diferencia que ese plan contempla funcionar con la ley 100, que lo dejará como un apéndice del hospital Santa Clara, dentro de la normatividad de la ley 100 a merced de la contratación con las eps´s. Y entonces ¿cuál es el rifirrafe de la tumbada y reconstrucción? pues que al levantar el nuevo edificio será dentro de la ley 100 y estará adecuado para que así funcione y si ahora tiene nueve pisos, después será de tres.
Es interesante ver cómo la táctica se repite: se trata de crear un ambiente crítico, generando una coyuntura deteriorante que empiece a trastornar el funcionamiento normal, falta de recursos, atrasos en los pagos laborales y el incumplimento de compromisos con proveedores, escasez de elementos de trabajo y amenaza de cierre.
La perversa idea se materializa hasta el punto de las sucesivas renuncias de médicos especialistas, personal calificado y administrativo por problemas de nómina.
Frecuente, era ver a pacientes llevar desde alcohol hasta caretas y tapabocas, o batas y gorros para poder ser atendidos ¡Y, claro! hay que cerrar y para volverlo a poner a funcionar toca pasar del régimen autónomo al de la ley del mercado, del negocio no importa que pasen años y el deterioro se tome las instalaciones porque es mucho mejor y para eso tenemos a la prensa creando opinión y añorando la historia que finalizará con una estructura al servicio del negocio de la salud y que echa por la borda todo el esfuerzo por fortalecer la salud pública y popular así lo han intentado con la ETB, así lo hicieron con Telecom y muchas más entidades y lo harán con el complejo hospitalario San Juan de Dios, de manera que el problema no es la demolición de unos edificios sino el golpe que sufre la salud para los bogotanos, porque el renacer será con el cambio de la ley 735 a la 100 que lo somete a las EPS´s y a las leyes de la contratación para sobrevivir y no a la investigación y la financiación estatal como lo quería quien hizo todo lo posible por reinvindicarlo: el exalcalde Petro.
