Se acaba el programa de emprendimiento y fortalecimiento empresarial para la economía popular, una iniciativa que nació en 2013 en la administración de Gustavo Petro y que lideró en su momento la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto para la Economía Social (IPES). El Espectador conoció que la actual administración no renovará los convenios por $30.400 millones que firmó con entidades como la Corporación Minuto de Dios y la Cooperativa Financiera Confiar, para ofrecerles a los vendedores ambulantes una alternativa (a través de capacitación y microcréditos), para crear empresas y generar empleo.
Aunque la intención del programa parecía buena, desde que nació fue objeto de críticas. Una de ellas apuntaba al riesgo en el que se ponían recursos públicos, al hacer créditos de difícil retorno. Los cuestionamientos crecieron en marzo del año pasado, cuando se realizó en el Concejo de Bogotá un debate de control político, en el que el exconcejal Javier Palacio reveló que algunos beneficiarios no usaron el dinero para formalizar sus negocios, sino para fortalecer sus ventas en el espacio público.
La decisión de la actual administración se tomó luego de analizar los resultados del programa y encontrar que, en efecto, hay recursos públicos en riesgo. Por ejemplo, descubrieron que varios proyectos como bicicleterías, dulcerías, negocios de ventas de prendas de segunda, de maní, de antigüedades, de CD, de libros y hasta clases de parranda vallenata no pagaron sus créditos y hoy no tienen cómo cobrarles, pues el capital semilla se entregó sin ningún tipo de garantía. El caso llegó a la Contraloría, que indaga para establecer si con este programa hubo o no un detrimento patrimonial
Fuentes cercanas al El Espectador indicaron que los créditos a la economía popular no solo tendrían problemas de sostenibilidad, sino que podría ser causa de una investigación formal por el manejos de los recursos de la ciudad. “El Distrito no puede actuar como un banco y prestar dinero a particulares. Sería una historia diferente si se hubieran dado subsidios como, por ejemplo, un descuento a la tasa de interés. Por esto, al tener en cuenta que el nivel de morosidad a los que han llegado estos préstamos, se podría prestar para interponer una demanda por malversación de recursos de la capital”.
Una lástima
Ante el anuncio de la actual administración, el exdirector del IPES, Camilo Gómez, dijo que era una lástima. “Cuando trabajé en el instituto, la política de apalancamiento financiero se manejó con éxito y fue sostenible en 79%. Cancelar el programa es dejar a media marcha el financiamiento de estas unidades productivas. Logramos apoyar 219 iniciativas que se separaron del espacio público. La población vulnerable fue la principal beneficiada”.
Y agregó: “Los préstamos estaban enfocados a la creación de empresa y al fortalecimiento. Es este último aspecto fue el que calificó el exconcejal Javier Palacio de ser promotor de la informalidad, pero luego se pudo desvirtuar su denuncia. Desde que asumí la dirección, los auxilios fueron orientados a propuestas que teníamos la certeza de que estaban funcionando lejos del espacio público y en condiciones de legalidad”.
Nuevo enfoque
A pesar de la decisión de la nueva administración, el secretario de Desarrollo Económico, Fredy Castro, explicó que las ayudas para los pequeños comerciantes no han muerto. “Analizamos el modelo del programa de los créditos de la economía popular y consideramos que hay otras alternativas más eficientes. Estamos estudiando cómo trabajar con el sector privado. Una buena opción serían alianzas con microfinancieras, pues algunas llevan mucho en el mercado y han logrado estructurar modelos muy eficientes y sostenibles. De esta manera las entidades financieras harían los análisis de riesgo y el Distrito solo pondría unos recursos para hacer más suave la carga de la deuda”, concluyó el funcionario.
