¿Qué tan viables son las propuestas del expresidente Alvaro Uribe para modificar el Acuerdo de Paz de La Habana? ¿A quién defiende y que no menciona explícitamente el Dr. Uribe? Aquí se lo contamos para que tome nota de primera mano.
Fotografía: Ipc.org.co
1.- Eliminar el Tribunal Especial de Paz y pasarlo a la justicia ordinaria. Es decir un tribunal adscrito a la rama judicial.
Qué propone el Dr. Uribe:
Que este tribunal juzgue solamente a los miembros de las Farc. En cuanto a civiles y militares ellos acudirían solamente si lo hacen de manera voluntaria.
Que las penas para militares, soldados y civiles involucrados en hechos de guerra sean de máximo cinco años. Y quienes hayan cumplido la quinta parte de la condena o más antes de constituirse el tribunal quedarían libres de manera inmediata. (Así lo propone el proyecto que presentará al Congreso el senador Alfredo Rangel)
A quienes defiende el expresidente:
Lo resume María Jimena Dussan en su reciente columna “Uribe, ¿El saboteador?
“La responsabilidad en el conflicto que tienen los militares y los civiles como su primo hermano Mario Uribe –su hermano Santiago está preso, presuntamente por haber ayudado a conformar un grupo paramilitar– o como los parapolíticos que formaron parte del pacto de Ralito, para Uribe es inexistente.”
Sobre la participación de civiles en el conflicto, para solo citar un ejemplo, el tribunal de justicia y paz de Medellin le ordenó a la Físcalia investigar a reconocidos ganaderos de Cordoba por su participación no solamente en el financiamiento de grupos paramiliatares sino en haber sido parte de hechos delictivos contra población civil. Se citan los nombres de Pablo Enrique Triana, Ruben Dario Obando, Disney Rolando Negrete, entre otros.
Será que el Dr. Uribe está salvaguardando que los militares involucrados en hechos tan tenebrosos como los falsos positivos salgan libres y de paso civiles como los ganaderos del Cesar que serán juzgados por su participación en el conflicto.
Artículos de consulta:
“Alivio judicial” del uribismo a los militares incluye penas de máximo cinco años de cárcel
EL ESPECTADOR – octubre 17 de 2016
¿Uribe, el saboteador?
SEMANA – MARIA JIMENA DUSSAN – COLUMNA DE OPINION.- OCTUBRE 16 DE 2016
Farc defienden acuerdo de paz firmado: renegociarlo podría tomar años
NOTICIAS UNO.- OCTUBRE 18 DE 2016
Justicia está tras 12.000 empresarios que financiaron a paramilitares
EL TIEMPO – MAYO 9 DE 2015
2.- Transformar radicalmente el punto relacionado con la reforma agraria en lo referente a la expropiación de tierras para dárselas a los campesinos pobres. Uribe sostiene que atenta contra los intereses de los propietarios que compraron tierras de buena fe.
Qué asunto elude el expresidente:
El punto es que quienes se dicen adquirieron tierras de buena fe son testaferros, familiares de los paramilitares o políticos, seguramente no todos, pero hay casos documentados de este modelo de terror y muerte que despojo a miles de campesinos de sus tierras.
La forma como se apoderaron de las tierras que legítimamente tenían los campesinos está ampliamente narrado en varios casos judiciales como el episodio del despojo de tierras por parte de los paramilitares en la región de Tulapas (Uraba Antioqueño). Allí despojaron a los campesinos de más de 4.300 hectáreas después de cometer masacres y actos de desplazamientos masivos.
Muchos de quienes se quedaron con esas tierras eran familiares o testaferros de los jefes paramilitares de la región. Caso concreto de Sor Teresa Gómez, hermana de los Castaño, quien termino con el 94 por ciento de las tierras que había adquirido el Fondo Ganadero de Córdoba para la restitución de tierras a los campesinos.
Qué es lo que dice el Acuerdo:
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Tierras recuperadas a favor de la Nación: es decir, baldíos indebidamente apropiados u ocupados, recuperados mediante procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos y las campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización. (Esta fuente deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en el marco de este Acuerdo)
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Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras: la sustracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación, con la participación de las comunidades, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental.
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Tierras inexplotadas: tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.
Articulos a consultar:
El rompecabezas del despojo
EL ESPECTADOR – 17 DE 2015
El capítulo del despojo «para»
EL ESPECTADOR – MAYO 2 DE 2015
3.- Uribe se opone a que los grupos sociales tengan representación en el Congreso a través de lo que se denomina Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, punto que establece el acuerdo en el tema de participación política.
Según el expresidente sería una competencia desleal para los partidos tradicionales y que muchos de quienes resulten elegidos serían miembros de las Farc.
¿Cuál es el miedo del Dr. Uribe a que las organizaciones tengan sus propios espacios de poder? ¿Será que le quita clientela y votos a los caciques tradicionales de las regiones, incluyendo los del Centro Democrático? Muy posiblemente que sí, por eso propone que quienes sean elegidos en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz sean candidatos de los partidos políticos tradicionales.
Qué es lo que dice el Acuerdo:
“El Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales.
Las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos y candidatas. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales.
Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado.
Los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos y
candidatas podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y desplazadas), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros.”
