A finales de abril pasado se hicieron evidentes las urgencias del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación por la posible libertad en los próximos días de al menos 30 mil sindicados que están tras las rejas por haber cometido graves delitos.
Fue entonces así que el Ministerio de Justicia empezó a promover en el Congreso un proyecto de ley que pretende ampliar la entrada en vigencia de una norma tramitada en 2015 para cumplir una orden de la Corte Constitucional que busca acabar con la historia de miles de presos que llevan años esperando condena. De acuerdo a esa norma, todo sindicado a partir del próximo 7 de julio quedará en libertad sin importar el delito por el que está siendo investigado.
Con este panorama, el proyecto extiende la entrada en vigencia de la norma constitucional a julio de 2017 para el caso de delitos graves como homicidios, corrupción, narcotráfico y otros de la justicia especializada.
El senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, admitió que al Ministerio de Justicia de la época le faltó más cuidado y un estudio más profundo porque si esa norma como la radicó el Gobierno el año anterior, hubiera sido más estudiada, no se tendría el riesgo actual a pocas semanas de que entre en vigencia esa norma.
“Ahora debemos cerrar esa posibilidad, evitar que exista esa excarcelación masiva en unos delitos que preocupan enormemente al país, a la sociedad, como son los delitos de corrupción, los delitos sexuales, los de justicia especializada o cuando haya tres o más indicados en una investigación».
Al respecto, en el Congreso ya se está pensando en hacer modificaciones sustanciales al proyecto para corregir definitivamente la norma y que no sólo se busque aplazar la entrada en vigencia.
Lo que hizo evidente este proyecto de ley fue la falta de preparación del aparto judicial pues aunque los procesos de investigación y acusación toman algún tiempo, hay cerca de 30 mil detenidos sin que se les pueda resolver su situación ante la justicia.
