Hace dos meses el Vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que la vivienda volvía a Bogotá con un proyecto de más de 6000 viviendas de interés prioritario en terrenos del plan parcial Campo Verde, localizado en la confluencia de los ríos Bogotá y Tunjuelo.
Con el anuncio del proyecto, que prometieron entregar en julio de 2017, se armó la polémica sobre el riesgo alto de inundación por desbordamiento y otros riesgos que presenta la zona, y el argumento fue que la CAR había realizado unas obras de adecuación hidráulica del río Bogotá que eliminaban el riesgo y, en consecuencia, el IDIGER había modificado un concepto del FOPAE de 2013 y el tema del riesgo quedaba resuelto (1). El Director de la CAR salió a medios muy decidido a decir que el riesgo estaba superado y horas después distribuyó un comunicado aclarando que esa entidad no tenía la competencia para referirse a los temas de riesgo.
Además surgió la pregunta sobre el cumplimiento de una sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que claramente ordenó:
Ante la pregunta de si habían realizado algún trámite ante las autoridades judiciales para poder construir en la zona de riesgo alto de inundación la cuenta de la Alcaldía respondió:
Imagina Bogotá investigó el tema y encontró que es falso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya dado aval para construir: la consulta se hizo ante el Juez 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó la posibilidad de cambiar la orden judicial o de considerar un nuevo concepto
Imagina Bogotá investigó el tema y encontró que es falso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya dado aval para construir: la consulta se hizo ante el Juez 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó la posibilidad de cambiar la orden judicial o de considerar un nuevo concepto. Y es engañoso lo que han informado algunas entidades públicas y replicado algunos medios, que el Juez se inhibió de pronunciarse sobre el nuevo concepto de IDIGER y que declaró cumplida la sentencia.
Este es el detalle de la historia en los tribunales: Varios ciudadanos presentaron una acción popular por razones relacionadas con la existencia de humedales y de riesgo en Campo Verde. En primera instancia las solicitudes fueron negadas en 2009, pero mientras se tramitaba el proceso una porción de Campo Verde fue declarada como humedal, llamado La Isla. Respecto al riesgo de inundación en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se analizaron dos conceptos técnicos, uno el realizado por el FOPAE en 2013 y otro el de una firma privada (Escala Ingeniería y Proyectos) aportado por los dueños de los terrenos (una fiducia). Este concepto incluía argumentos similares a los del proyecto de IDIGER del 2016, con base en el cual se pretende construir, en particular el impacto de las obras de adecuación del Río Bogotá realizadas por la CAR. El Tribunal revisó y comparó en detalle cada uno de los conceptos, señaló semejanzas y divergencias, destacó que el riesgo no provenía solo del río Bogotá y concluyó que tenía una mayor fundamentación el de FOPAE, y que al señalar dos zonas, una de riesgo medio y otro alto, en razón de un ajuste de zonificación por el cambio de escala, esta entidad había logrado un “…equilibrio entre el desarrollo urbano, el derecho a la vivienda y el derecho colectivo a la prevención de desastres”. Y fue eso lo que la sentencia protegió, el derecho colectivo a la prevención de desastres, que consideró más importante que el derecho individual a la vivienda.
Y fue eso lo que la sentencia protegió, el derecho colectivo a la prevención de desastres, que consideró más importante que el derecho individual a la vivienda
Los dueños de los terrenos insistieron y pidieron aclaración de la sentencia, para dejar abierta la posibilidad de cambio del concepto y la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la negó, y reiteró que era claro que se debe tener en cuenta el concepto de FOPAE de 2013.
En 2016 el IDIGER elaboró un nuevo concepto que señala que ya no existe riesgo, que fue sometido a consideración del Juez para que levantara la prohibición de construir. De nuevo el Juez fue claro: No hay lugar a cambiar ni el concepto ni la orden del fallo de abstenerse de construir:
Es decir, que ni el Tribunal ni el Juez dieron autorización, como anunció la cuenta oficial de twitter de la Alcaldía. Posterioramente las entidades distritales han dicho que el Juez se inhibió de pronunciarse y que declaró cumplida la sentencia. Pero omiten citar los considerandos que se acaban de copiar. El Juez les dijo claramente a los interesados que no hay posibilidad de controvertir el concepto que el Tribunal tuvo en cuenta, que tendrían que iniciar un nuevo proceso.
En efecto, en junio de 2016 el Juez 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, declaró cumplida la sentencia y dispuso el archivo del proceso, luego de verificar que no había construcciones en la porción de riesgo alto de inundación según el concepto de FOPAE de 2013. Pero obviamente la orden no tiene un límite temporal y sigue vigente.
Con el argumento de que el fideicomiso había quedado sin objeto en 2015 Metrovivienda vendió su participación en el proyecto Campo Verde a los socios privados, Constructora Bolívar y Constructora Marval. Por tanto, la principal actuación pública está en manos del Ministerio de Vivienda ¿Esa entidad otorgará subsidios y adelantarán las entidades distritales gestiones y obras en un proyecto donde no se puede construir por orden de un Tribunal? Todo parece indicar que sí. En respuesta a derecho de petición la Secretaría de Hábitat dijo que el IDIGER autoriza la construcción de obras y llega a tal punto el desinterés por la seguridad de las familias de menores recursos, que informa van a hacer incluso más viviendas de las permitidas en el plan parcial original de 2011. Aunque el plan parcial no ha sido modificado.
Se ha discutido sobre la inconveniencia del llamado gobierno de los jueces, pero sus sentencias, como las leyes, hay que cumplirlas, sentencias que han sido un valioso mecanismo para proteger derechos, entre ellos los colectivos.
La Secretaría de Hábitat sabe muy bien que la parte del plan parcial con riesgo medio, según el concepto de FOPAE de 2013, acogido por el Tribunal de Cundinamarca ya fue totalmente construida, incluso el Vicepresidente Vargas Lleras la ha inaugurado/publicitado dos veces.
Por: María Mercedes Maldonado
