El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se enfrentaría a una nueva investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a que durante los cuatro años de su gobierno nunca acató recomendaciones jurídicas y técnicas para aumentar la tarifa de TransMilenio.
Funcionarios de la Administración Distrital, con toda clase de documentos jurídicos, técnicos y financieros, le recomendaron a Petro decretar el alza, como es una obligación, pero el entonces alcalde ignoró esas directrices durante cuatro años. Hasta en la última semana sus funcionarios le sugirieron tomar la medida, pero Petro no hizo caso.
Por ignorar y guardarse esos conceptos y teniendo en cuenta el hueco fiscal de TransMilenio, Petro se expone a una nueva investigación por parte del Ministerio Público. Petro en varias oportunidades anunció que la tarifa de transporte público de la ciudad se mantendría tal y como estaba, a pesar de que el gerente del sistema, Sergio París, sugería el incremento basado en un estudio hecho por la Subgerencia económica, que hablaba de la necesidad de incrementar la tarifa.
TransMilenio, en su momento, reconoció problemas financieros y manifestó que este desequilibrio podría implicar una modificación a la tarifa cobrada a los usuarios.
El pasaje de Transmilenio tendrá que subir y podría ser el alza más alta en sus 15 años de funcionamiento: $200. Este monto lo sugirió el gerente del sistema Sergio París. La decisión tendrá que empezar a regir lo antes posible, pues la realidad es que las cuentas del sistema no cuadran y el aumento es inaplazable.
Sergio París pidió un aumento de $200 al alcalde Enrique Peñalosa, teniendo en cuenta las condiciones financieras del sistema. El alza tan alta es necesaria, en gran parte, producto de las decisiones de la administración Petro, como la rebaja que ordenó el alcalde Petro en 2012, cuando dividió las tarifas según horarios ($1.700 en hora pico y $1.400 en horario valle).
Como lo ha contado este diario, evidentemente la intención de rebajarles el pasaje a los ciudadanos era buena, pero la tomó sin tener ninguna fuente financiera para cubrir el hueco que iba a dejar esa rebaja. El impacto no se hizo esperar y hasta julio del año pasado iba en $400 mil millones. Por eso el alcalde tuvo que echarse para atrás y aunque no subió el pasaje, como se lo sugerían los estudios de la subgerencia económica de Transmilenio, sí eliminó las horas valle en este sistema y fijó una tarifa plena de $1.800 en julio pasado.
Será al gabinete Peñalosa al que le quedará la tarea de reorganizar las cuentas de Transmilenio. Expertos en movilidad critican en esta historia es que en los últimos años la tarifa de Transmilenio se haya sometido a los caprichos políticos, más que a los aspectos técnicos, como funcionó en principio. El primero en decidir que no haría un aumento al pasaje del sistema fue Samuel Moreno, y cuando Clara López autorizó un incremento en el último día de 2011, lo ordenó sólo por $50 y no por los $100 previstos. Y aunque las rebajas o las decisiones de no autorizar un alza son presentadas como un “regalo” para los ciudadanos, lo cierto es que el impacto económico les termina costando a todos los ciudadanos, porque al final el Distrito tendrá que buscar recursos para cubrir el déficit que dejará este tipo de medida.
