En medio de la crisis energética que vive el país y de la amenaza latente de un apagón, la Alcaldía de Bogotá expidió un decreto, con fecha del 16 marzo, en el que establece varias medidas para contribuir al ahorro de energía diario, cuya meta es el 5%. Todas las oficinas del distrito apagarán sus computadores, impresoras y sistemas de aire acondicionado a partir de las 6:00p.m. (si esto no afecta las obligaciones laborales), así como todas las vallas y avisos publicitarios luminosos serán apagados desde las 8:00p.m. hasta las 6:00.a.m.
Estas disposiciones son transitorias mientras el país continúe el alerta por un posible racionamiento y el Fenómeno de El Niño siga provocando fuertes sequías. Los establecimientos de salud y de educación y aquellas actividades que comprendan la prestación de servicios públicos esenciales estarán exentos de cumplir con estas normas.
En la capital del país, el sector que más consume energía eléctrica es el residencial (40,2%), seguido del comercial (31,6%) y el industrial (22,3%). Se calcula que hay 1.027 vallas publicitarias tubulares, de las cuales el 80% tienen iluminación, es decir consumen energía eléctrica. Este tipo de avisos utilizan, por lo general, tres reflectores para iluminar su publicidad, es decir, unos 2.700 reflectores son usados para este fin en Bogotá. Cada uno de éstos puede estar encendido por 11 horas.
Según la alcaldía, con este decreto se espera que “la reducción del consumo sea proporcional al tiempo máximo autorizado para tener iluminadas las vallas tubulares”. Además, se pretende aliviar “la situación extrema que vive el país por cuenta del Fenómeno de El Niño, que ha disminuido las lluvias y elevado las temperaturas, y por la pérdida del 11% de la capacidad de generación eléctrica debido a un incendio que afectó la Central Hidroeléctrica de Guatapé, en Antioquia”. Dijo el secretario de Ambiente, Francisco Cruz Prada:
“El país tendrá déficit de lluvias por lo menos hasta el mes de abril, es por eso que no podemos postergar la adopción de medidas eficaces para para impedir la degradación del medio ambiente”.
Quienes incumplan el decreto podrían ser sancionados con multas que superan los $3 mil millones.
