Antecedentes del proceso de paz
Una de las noticias que invadieron los medios de comunicación fue el destape de las negociaciones en la Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC.
Aunque ha habido otros intentos a lo largo de la historia y dejación de armas por parte de grupos armados, empezó la inconformidad y el escepticismo por parte de algunos sectores que se acogieron a críticas tales como que se estaba pagando el turismerismo de la subversión por algunas escenas en la playa de los negociadores, sin embargo no era esto lo principal, sino que lo que se estaba jugando allí estaba en la mesa de conversaciones y no en pasajes anecdóticos irrelevantes frente a la responsabilidad de los protagonistas y los resultados.
Fue así como durante largos años se desarrollaron los puntos establecidos por las partes, en total cinco puntos y muy seguramente las discusiones fueron confusas y distantes por los conceptos manejados desde las dos orillas en cuestión.
La discusión se empezó a centrar en quien era el favorecido y en el silencio respecto al desenvolvimiento de las conversaciones. Lo que uno puede decir es que a ninguno de los delegados les convenía hacer públicas sus sustentaciones para quedar en evidencia de los cambios obligados en el transcurso por necesidades de avanzar en los acuerdos.
Tendrían mucho que decir desde que establecieron un intenso y prolongado diálogo y algunos altos en el camino, me imagino que para ajustar sus tesis o sus concesiones.
Otras voces
Pero eso no era tolerado por sectores intransigentes encabezados por el expresidente Uribe, que incluso llevaba sobre sus espaldas la negociación con los paramilitares tan cuestionada y con tan pocos resultados frente a la violencia ejercida por esos grupos que incluso alguno de ellos llegó a auto calificar de frankenstein y responsabilizó al Estado de su existencia.
La baja imagen de Santos no jugaba bien con el liderato que además era reclamado por antecesores que mucho fallaron, como el expresidente Pastrana que coincidió con su anterior enemigo, ahora su mejor cómplice en esta empresa de oposición, y empeñados en demostrar otro Caguán en las conversaciones de la Habana.
Pero uno de los discursos defensores de las conversaciones era que la plata invertida en bombardeos y combates, además de los costos en vidas y en logística, pasaban a ser rubros sociales para mejoramiento de la población.
Después de idas y venidas, de implementación de un mecanismo que según expertos no necesitaba, tal como el plebiscito, de muchos debates en los foros, universidades e instituciones parlamentarias, el gobierno decidió por intermedio del congreso validar los puntos incluso polémicos que siguen en pie como bandera de lucha de quienes se abogan el liderato del llamado NO, y cuya cabeza visible es el expresidente Uribe, pero no necesariamente son partidarios del centro democrático, en cambio en los partidarios del llamado SI existe una variedad desde incondicionales al gobierno hasta simpatizantes de unas Farc políticas desarmadas pasando por opositores al gobierno actual y sus políticas y hasta sectores que odian a las FARC, pero ven un asomo de eliminación de un actor armado.
Quiénes se benefician?
Así las cosas, tenemos un panorama enredado de difícil pronóstico, por un lado el gobierno mancomunado con las empresas transnacionales, expectantes de la pacificación de territorios que les interesa sobre todo los mineros, con un grupo desmovilizado en un monitoreo permanente de sus acciones que le garantizan la confianza inversionista, huele a que habilidosamente se manejó la opinión pública buscando despertar simpatía en un proceso que muy claramente favorece intereses de empresas extranjeras y que tenía que asegurar tranquilidad a sus capitales.
Por el otro lado, un grueso de población desencantada al ver como el gobierno propone y aprueba una reforma que estaba represada y que a todas luces incumple la promesa gubernamental de que el pos conflicto traerá mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos.
Que no ve por ningún lado la intención de invertir los gastos de la guerra en políticas sociales o empresariales, porque a pesar de tener las estadísticas de cero combates, cero bombardeos, o cero muertos, el presupuesto militar sigue igual .
El otro actor son las FARC, que después de ceder en su radicalismo fueron elaborando un documento conjunto que plasma su concepción del país y que revive su anterior propuesta que desató la tragedia de la UP. Sin embargo la situación es distinta porque con la UP se combinaban todas las formas de lucha y la acción armada seguía, en este caso significa que se acogen a la propuesta del gobierno de aspirar al poder sin las armas, en franca lid en los espacios de conquista de opinión y dentro del juego del modelo establecido.
Pero no solo es lo que hasta aquí hemos nombrado sino también otros sectores que no transigen argumentando que se le va a dar el poder a las FARC, que va a haber impunidad y que Santos pertenece al Castrochavismo y con esas intransigencias que olvidan la anterior negociación con los paramilitares en donde no se consultó ni tampoco se juzgó cabalmente a quienes eran los responsables de sembrar violencia atroz y también culpables de masacres a nombre del anticomunismo y que la actual negociación los involucra, pero existen otros personajes y son los que deambulan por la ciudades, mendigando en las oficinas dedicadas a paliar situaciones dolorosas y conformando paisajes detrimentes en los semáforos.
Un aire enrarecido
Y desembocamos en este momento en el que por un lado se plantea restitución de tierras dentro del acuerdo teniendo en cuenta los más de seis millones de desplazados y el conflicto que surge con quienes se dicen propietarios por haber comprado las fincas que se reclaman para incluirlas en el programa y cuya legitimidad es cuestionada, agregándole que existe una violencia planificada que combina la eliminación física con la intimidación a las víctimas y a los reclamantes de tierras, además de líderes sociales que nos sometería a repetir la historia de la llamada violencia, en la que muchos de los campesinos despojados invadieron las ciudades y el campo quedó en muchos casos en manos de quienes fueron determinadores de la violencia.
En este caso siguen esgrimiendo las banderas de exterminio que entorpecen la construcción de la paz y que recuerdan que la violencia tiene actores activos.
Las intransigencias
El gobierno que era un interlocutor se enredó al ceder espacios a sus opositores, que en su extrema sectaria cualquier reforma keinessiana les asusta porque temen que la propuesta democrática se puede convertir en socialista.
También les causa salpullido saber de un Timochenko presidente como se ha visto en El Salvador, Uruguay y el mismo Brasil.
Así las cosas la reforma tributaria en lugar de ser una iniciativa de fortaleciendo de una economía nacional es el complemento de la garantía exigida desde fuera.
El peligro del incumplimiento por parte del gobierno también ronda entre los guerrilleros atendiendo las experiencias anteriores y algunos brotes de incidentes.
Pero hablando más detenidamente de la reforma tributaria y el afán de ser aprobada en el Congreso de la República, precisamente en la temporada en la que la atención está puesta en el regocijo y que suena irónico desear un feliz año nuevo con todas las cargas impositivas a los sectores a los que se les ha prometido bienestar, tanto de esta reforma como del postconflicto.
Da la impresión de que no es un mejor mensaje y ha despertado inconformismos de quienes ligan el postconflicto con las cargas tributarias, exonerando a las grandes industrias o empresas con el argumento de incentivarlas en su producción para generar empleo, mirada que no se tiene a las pequeñas y medianas empresas que también pueden recibir este beneficio y al ampliar su radio de acción, generan empleo.
En fin se acusa a la reforma de un ajuste para financiar la desmovilización, cosa poco probable, ya que es una exigencia de la banca internacional, y esto es para pagar favores para privatizar aún mas los bienes nacionales, incluyendo el subsuelo.
Toda esta situación nos impide llamar postconflicto la situación actual, porque no se encamina a reformas que disminuyan las desigualdades sino que las ahonda, la vida sigue siendo ligada a intereses oscuros y no hay claridad del destino de los desplazados, que arrastran su desarraigo por la geografía nacional.
